Desde una perspectiva de análisis y observación de la conversación pública, en materias de energía y medio ambiente, los recientes anuncios y acciones emprendidas por la Presidenta Bachelet, dan cuenta de una línea de trabajo que requiere seguimiento y atención. En ese marco, nos parecen destacables aquellos aspectos de su discurso referidos específicamente a la generación de energías limpias, el tema hidroeléctrico, el manejo de cuencas y el envío de los proyectos que crean el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental este 5 de junio, día Mundial del Medio Ambiente.

En materia de energía, se recalca la seguridad en el suministro, la diversificación de la matriz energética, y el ahorro y eficiencia, con lo que dio un fuerte respaldo al desarrollo de las energías renovables no convencionales. La presidenta anunció, además, que Chile rechazará la captura y muerte de ballenas con fines científicos, en la Convención Ballenera Internacional y su anuncio de enviar al Parlamento un proyecto de ley que declare a Chile "territorio libre" de caza de cetáceos y los considere, formalmente, "monumento natural".

Todo ello resulta particularmente destacable, desde el momento en que se trata de aspectos largamente esperados y que finalmente se transforman en acciones concretas, medibles y, por lo tanto, fiscalizables por los actores involucrados en dichas temáticas y, por cierto, por la ciudadanía en general.

Sus planteamientos en materia de energías renovables, marcan una opción clara que da cuenta de la forma en que se pretende resolver la necesidad energética objetiva que vive el país.

Las visitas en curso de la Jefa de Estado a Alemania, Noruega, Canadá y al Estado de California, refuerzan la intención gubernamental de generar alternativas energéticas y apoyos estratégicos en esta materia, que no supediten la generación de este tipo de recursos a un solo ámbito: las fuentes hidroeléctricas.

Esta imagen-país de protección ambiental que proyecta el Gobierno, a través del discurso de la Mandataria, se condice, en esta ocasión, con anuncios concretos que requieren de un seguimiento y control social de mayor fuerza, eficacia y que supere los estrechos cauces que por momentos parecen guiar el debate ambiental del país.

La voz de la ciudadanía, de las comunidades, de los distintos actores sociales involucrados en esta área estratégica de la economía del país, sigue siendo tenue y por momentos inaudible. Esta es una oportunidad valiosa para la generación y consolidación de mecanismos de contraloría social en materias ambientales y energéticas, que permitan no solamente estar “atentos” y “reactivos” a las iniciativas públicas y privadas en este ámbito, sino además representa un espacio para la generación de programas, propuestas estratégicas y la construcción de direcciones posibles que surjan desde la propia ciudadanía. Se trata, sin duda, de un desafío complejo y a la vez impostergable.